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1.- El Incumplimiento de lo acordado en el Acuerdo Laboral de 8 de febrero de 2013 así como de su Anexo III, por el abuso de poder, indefensión y arbitrariedad, ejercidos por la Entidad.

2.- Por lo anterior, que la Entidad cese en los rechazos de las solicitudes recibidas y se proceda a la aprobación de todas las adhesiones de bajas indemnizadas realizadas hasta la fecha de la conciliación en el SIMA, y las que se encuentren en trámite hasta la precitada fecha.

En cualquier caso, lo que no se puede pasar por alto es que la cantidad de trabajo y las condiciones para la realización de ese trabajo que se pacten se van a aplicar sobre l@s trabajador@s, que somos mucho más que meras unidades productivas, mucho más que «recursos humanos», somos personas con las posibilidades y las limitaciones propias de nuestra condición humana.

El dato de referencia.

Estas medidas afectarán, al menos, a 73 trabajadores en todo el estado, aunque todavía faltan por concretar varias residencias y los recortes en los Avant y en Feve‐RAM, por lo que el número de personal no necesario, aumentará.

Con esta medida extrema, que se hará coincidir con la fecha en la que debieran incorporarse a los retenes para la prevención de los incendios en Andalucía durante  la época de alto riesgo, se va a dar continuidad a las acciones llevadas a cabo hasta ahora, protestas ante el edifico negro en Málaga, encadenamiento al Helicóptero de Cartama, concentración ante la Agencia en Córdoba, manifestación en Antequera… .

Las trabajadoras ya no pueden soportar, por más tiempo, la sobrecarga de trabajo que vienen padeciendo. Las plazas que se quedan vacantes no se cubren y además, se les debe horas, días y salarios. Sin embargo, dicha sobrecarga de horas y días, nunca queda reflejada, porque no disponen de un aparato que registre algún control. La empresa se comprometió por escrito en instalar un tirador digital y lo cierto es, que a fecha de hoy, no existe nada que quede como testigo de este sobreesfuerzo que vienen realizando.

Dicha reducción de servicio público está basado exclusivamente en criterios de ocupación y rentabilidad, sin tener en cuenta el impacto social que genera, siendo otra evidencia más del atentado hacia lo público que está llevando este gobierno. Este gran tijeretazo al ferrocarril público supondrá un ahorro anual de 86.5 millones de euros, cifra que podría haberse obtenido de los 63 millones de euros destinados anualmente a coches oficiales o de la partida de 86 millones de euros destinados en 2013 para la financiación de los partidos políticos.