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Después de dos reuniones de mediación ante la Inspección de Trabajo los días 4 y 5 de enero no ha sido posible desatascar el conflicto que la empresa ha provocado al anunciar 50 traslados forzosos de esta planta a la de Martorell.

Ayer, 22 de diciembre, el mismo día que nos íbamos de vacaciones, la empresa anuncia que va a llevar a cabo el traslado forzoso de 50 compañeros a Martorell, justificados con la gran mentira del excedente de personal, en una empresa en que la bolsa de horas pendientes de disfrute es de más de 130.000  y el trabajo en festivos es una cosa generalizada, con una media de 380 personas trabajando cada fin de semana para poder llegar a las producciones exigidas. La mentira es patente.

Tras la última reforma laboral del PP, la ley establece que:

Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.

Celebramos el final de este lamentable montaje policial y judicial, que ha afectado de forma muy negativa la vida de todas las encausadas y de sus familias durante demasiados meses y años. Y todo ello por el simple hecho de haber defendido sus puestos de trabajo. Durante este tiempo se ha hecho muy patente la intencionalidad política que ha animado todo este procedimiento.