Derrumbe en el Hotel Ritz de Madrid: un nuevo caso de siniestralidad laboral
“Ni obreras explotadas en las fábricas, ni esclavas en el hogar o la familia: ¡Por una sociedad sin amos ni señores, libertaria, de hombres y mujeres libres!” Teresa Claramunt


Ante el revuelo social que ha suscitado la constitución de una organización sindical de “Trabajadoras del Sexo” (OTRAS) y las afirmaciones que, desde diferentes ámbitos, se han realizado en cuanto a la posición de la CGT al respecto, desde el SP del Comité Confederal de CGT, tenemos que manifestar lo siguiente:
1º.– La CGT no entra a valorar la conveniencia o no de la constitución de otras organizaciones totalmente ajenas a la nuestra.


La estructura salarial del 2016 repite de manera cíclica las divisiones entre “personas trabajadoras ricas” y “personas trabajadoras pobres”. Quienes trabajan en el sector de la actividad de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado tienen una remuneración anual (media) de 50.992,09€y aquéllas (las más numerosas) que su actividad se realiza en los Servicios y especialmente Hostelería, su remuneración anual media se queda en 14.125,34€, es decir la brecha salarial entre unas y otras es de 3,5 veces.

Desde el punto de vista sindical y social, el argumento es nítido: los Servicios Públicos son patrimonio de todos y todas, y no pueden regirse por la lógica del beneficio o la rentabilidad económica, sino por el principio de suficiencia y, a la vez, por el principio de eficiencia desde el lado de la gestión, la cual debería ser Autogestión por parte de las personas (usuarias y trabajadoras), con capacidad para incidir en las decisiones acerca de las necesidades que tenemos, al igual que sobre el mejor modelo de servicio público, con

La privatización -la externalización- de los Servicios Públicos (SSPP) por cualesquiera de las modalidades formales-jurídicas, tiene su sustentación política en la modificación del artículo 135 de la CE y posterior Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual embrida a todas las Administraciones del Estado (central, autonómica y municipal), impidiéndoles el endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el Estado Español, además de las políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los pu

Salimos a la calle para exigir:

Lo intentaron en noviembre pasado, con dos llamamientos a la “movilización”, para “presionar” a sus interlocutores, gobierno por un lado, en la mesa del Pacto Social donde se discute el marco de relaciones laborales y las pensiones y, por otro, a la patronal CEOE, con la que pretenden establecer referencias de incrementos salariales para la negociación colectiva.

Ayer, 20 de diciembre de 2016 el Comité Confederal de la CGT reunido en Plenaria, ha decidido participar en las Movilizaciones que convocarán las Marchas de la Dignidad la próxima primavera, cuyas fechas están en proceso de ratificación por parte de las plataformas territoriales y organizaciones que integran este espacio plural de lucha y de reivindicación.

El Gobierno, de nuevo con el apoyo del PSOE, ha comenzado a aplicar medidas. Rajoy sigue “prometiendo dialogo” mientras reitera, una y otra vez, que las líneas que marcan la Unión Europea y la Troika son infranqueables: hay que reducir el déficit público y recortar 16.000 millones de euros; las reformas laborales no se tocan y la hucha de las pensiones ha sufrido un nuevo saqueo que terminará por vaciarla este año entrante, amenazando con ello no solo el futuro inmediato de 9 millones de pensionistas sino los ingresos del 34,3% de las familias de este país.

Se trata del mayor montaje represivo contra el movimiento estudiantil desde la muerte del dictador. Veintisiete personas -entre ellas el Secretario General de la CGT de Catalunya- están amenazadas con penas de entre 11 a 14 años de prisión por realizar una de las tradicionales ocupaciones del Rectorado de la UAB en 2013, en protesta por una brutal subida del 66% de las tasas y despidos de profesorado.

Los dos derechos violados y desposeídos, tienen que ver con la desigualdad y la discriminación, tanto en el momento de la contratación como en la indemnización a la finalización de los contratos.