Se llamaba Haitan Mejri y tenía 35 años. Hace diez días, el 8 de diciembre, murió tras una descarga eléctrica de una pistola taser de un agente de la Policía Nacional de Torremolinos, en Málaga. La familia del joven ha denunciado que en ningún momento se mostró agresivo, que su actitud no era peligrosa -como demostrarían los vídeos que han entregado para su investigación-, y que la intervención de la Policía Nacional fue desproporcionada e innecesaria. Mientras los pseudo-sindicatos policiales aseguran que los agentes hicieron bien su “trabajo”, el entorno del joven ha declarado que el chico se vio envuelto en estas circunstancias cuando pidió en un restaurante de kebabs cargar su móvil para poder pagar con una tarjeta virtual que tenía en el mismo. Insisten en que en ningún momento pretendía robar o hacer daño a nadie, que no era agresivo y no merecía morir de esta forma.

La muerte de Haitan es una noticia que ha aparecido en algunos medios, pero no ha tenido mayor debate ni trascendencia social (de momento). Hablamos del uso de un tipo de armas que está empezando a ser muy común entre las Fuerzas y Cuerpos de “Seguridad” del Estado, especialmente desde 2020-2021, cuando desde el Ministerio del Interior se comenzó a entregar unidades entre las diferentes policías del Estado. No obstante, hay muchas voces críticas que indican que estas pistolas suponen un riesgo muy elevado en determinados contextos y personas. ¿Por qué? Pues porque, aunque se asegure que este tipo de arma no es letal, el uso indebido o el “abuso” sí puede serlo, y por lo tanto que alguien pierda la vida en una intervención policial como la que ocurrió en Torremolinos hace diez días es una lotería. A cualquier puede ocurrirnos.

Las pistolas taser son armas de electrochoque cuya función es lograr inmovilizar a una persona con una descarga eléctrica que le provocaría dolor. ¿Pueden ser mortales? Los defensores de su uso dicen que no, pero la realidad es que, si se produce más de un disparo, cerca del corazón y en personas con problemas de salud (a veces podemos tener dolencias que ni siquiera sospechamos), puede significar la muerte inmediata para alguien por paro cardiorrespiratorio. Es por ello que organizaciones como Amnistía Internacional llevan muchísimo tiempo insistiendo en que el uso de las taser tiene que tener una regulación muy estricta ya que su peligrosidad está, precisamente, en el uso (o abuso) que se hace de ella. Los cuerpos policiales exigen estas armas (cómo no), y en absoluto están preocupados ni las ven como una amenaza. Todo lo contrario.

Dada la trayectoria que en este país existe de abusos policiales en comisarías y fuera de ellas, ¿cómo podríamos confiar en agentes que portan estas pistolas y que no sabemos cómo reaccionarían en unas circunstancias concretas?

Desde CGT continuamos condenando la violencia policial que el Estado ejerce sobre las personas. Condenamos que nunca pase nada a quienes la ejercen como “trabajadores” del mismo y siempre sea el pueblo el que tiene las de perder en estos contextos. Exigimos una investigación sobre la muerte de Haitan, y que su muerte sea la última a manos de la policía.

¡No más muertes en comisaría!

Secretariado Permanente Comité Confederal CGT