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La ley 3/2007 de igualdad, establece entre su articulado, la implantación obligatoria de los planes de igualdad en determinadas empresas (más de 250 personas trabajadoras, sancionadas por la inspección por incumplimiento del principio de igualdad, etc). Desde entonces, la implantación de los planes de igualdad han tenido diferente recorrido. En el mejor de los casos se han implantado convirtiéndose por parte de la empresa en un trámite con escasos resultados prácticos.

Han mercantilizado sin escrúpulos los derechos básicos para la vida de toda la población.

Además, pretenden impedir la protesta social con políticas de represión fascistas (eliminación de las disidencias, en lo laboral, lo sindical y lo social en todas sus expresiones).

De seguir este ritmo, en poco tiempo la Sociedad entrará en suspensión de pagos según reconocen los propios directivos. Cuando se constituyó la sociedad, se nos aseguró que con un plan de destrucción de empleo se garantizaría la viabilidad, pasando de 1700 trabajador@s a 1300 en 2 años, al mismo tiempo que se abandonaban cargas de trabajo por falta de empleados, a favor de las operadoras privadas.

Llevamos 16 meses negociando sin que se haya producido un mínimo avance. Al contrario: el rechazo de la plantilla a los dos preacuerdos de convenio logrados entre la Dirección y los sindicatos CCOO, UGT y SIT ha provocado un endurecimiento de las posiciones de la Dirección de TMB que hacen imposible cualquier avance en Mesa de negociación.

Las principales reivindicaciones de la plantilla, aprobadas en Asamblea General, son:

Para los sindicatos, que han participado en la rueda de prensa que ha tenido lugar durante la mañana del sábado, la condena es injusta y forma parte de la campaña de represión contra activistas sociales y sindicales que se está llevando a cabo para intentar impedir las protestas contra las políticas antisociales y neoliberales que aplican los gobiernos y los aparatos represivos del estado. Una campaña que están sufriendo muchos personas sindicalistas y, en especial, el sindicato SAT, con que tiene 637 sindicalistas procesados a los que piden 435 años de cárcel y 743.000 € en multas.