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• La precarización que está sufriendo este sector.
• Denunciar la pérdida de empleo.
• Poner en entredicho la subcontratación masiva con sus consecuentes perdidas de derechos laborales.
• El incremento de los ritmos de trabajo en detrimento de la calidad.
• La problemática en el ámbito de la salud laboral.

Todo en un marco record de beneficios de las grandes empresas del sector, frente a un empeoramiento continuo de las condiciones laborales, con la connivencia de los grandes sindicatos.

La sentencia, que es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, falla a favor de las pretensiones de CGT de ofertar todas las plazas vacantes para las que no estaba justificada su exclusión, y aquellas plazas que están abiertas a otras Administraciones, casi 1.500 plazas vacantes, que suponen el doble de las plazas convocadas en su día, a las que se sumarían más de 5.600 plazas a resultas, en total más de 7.000.

Al mismo tiempo mantiene la resolución del concurso, con lo cual no se volverán a baremar méritos y nadie se moverá de su puesto de trabajo si no quiere.

En las últimas semanas se han publicado por parte de algunos medios de comunicación artículos en los que se hace alusión a los “posibles conflictos” de intereses que se producen en la gestión de los Fondos de Pensiones de Empleo, al coexistir habitualmente la empresa promotora y los sindicatos como socios en las Gestoras y, además, ambos están también presentes en las Comisiones de Control de estos productos.

La Confederación General del Trabajo ha mostrado, a través de un comunicado del Secretariado Permanente, su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el vaciamiento del derecho fundamental de Huelga y la “legalización” del esquirolaje externo.

En dicho comunicado la CGT considera que esta sentencia es un “auténtico despropósito” además de ser un acto contrario a la legalidad vigente, al Estado de Derecho y a la doctrina del Tribunal Constitucional.

El motivo de la convocatoria es que la patronal no acepta firmar un nuevo convenio para los teleoperadores. El convenio anterior tenía una extensión hasta el 31 de diciembre de 2014 y desde los sindicatos estamos intentando conseguir un nuevo convenio que mejore las precarias condiciones de los trabajadores de atención al cliente, cerca de 100.000 en todo el Estado.

El personal que presta estos servicios lleva más de un año negociando sin éxito unas condiciones laborales dignas para toda la plantilla. Además, el personal explica que Ferrovial pretende llevar a cabo un ERTE que afectará a unas 400 personas y que consistirá en la reducción de la jornada laboral y la modificación de sus condiciones laborales.

La manifestación convocada por las Marchas de la Dignidad para el 25 de febrero en Madrid ha logrado aglutinar avarios miles de personas en las calles de la capital pidiendo pan, techo, trabajo y dignidad.