Acción Social

En este caso en el que se han sumado a la acusación particular, tanto el Ayuntamiento de Pamplona como la Diputación, y se suma a la condena por agresión sexual el abono de los gastos sanitarios derivados de la atención sanitaria a la víctima, que incluye en la condena un parte de lesiones. No entendemos que no se llame por su nombre a la violación en grupo de una mujer que presenta lesiones físicas por las que solicita el reembolso a los violadores de los gastos sanitarios.

Asignando roles preestablecidos, dominan, controlan y someten a la mitad de la población, predisponiéndonos a trabajos peor remunerados. La unión segregación por sexo y educación religiosa, busca de manera continuista la separación para reforzar los estereotipos ligados a las diferencias de género. Esta estrategia va encaminada a que las mujeres sigan asumiendo mayoritariamente la maternidad y los cuidados.

Resulta muy tramposo –populismos aparte- que la clase política, la que manda por delegación de las oligarquías financieras e industriales, ahora planteen unos PGE 2018 basados en la “recuperación económica”, que sin duda desde el 2014 las grandes empresas y los banqueros se han beneficiado de la misma, para plantear medidas electoralistas, en primer lugar, y de “reparto de las migajas” que les sobran a la clase empresarial y rica, en segundo lugar.

Partiendo de esta realidad, la escalada represiva del estado español nos preocupa enormemente. Detrás de los encarcelamientos mediáticos de políticos que directamente nos han agredido con sus políticas neoliberales y con su represión cuando han gobernado en ayuntamientos y en la Generalitat, hay un estado que incrementa su carácter autoritario. Lo vemos con los cientos de docentes que han sido encausados bajo la acusación de delito de odio por el simple hecho de hacer su trabajo en las escuelas públicas.

El artículo 50 de la CE es de obligado cumplimiento: …“Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…”

Este mandato es de obligado cumplimiento para cualquier “poder legislativo y ejecutivo” que deben garantizar siempre y en cualquier momento histórico, el derecho fundamental a pensiones suficientes y adecuadas para todas las personas.

La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, más la Ley 23/2013 del PP que regula el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto, la primera una rebaja media en torno al 20%, mientras que la segunda reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15%, por la reducción de la pensión media nominal

Las clases políticas (PSOE, PP, PNV, CIU, C’s…) y el empresariado financiero e industrial, instauraron el estado de excepción permanente y se terminó la falsa democracia representativa en agosto de 2011, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que legalizó el robo y la desposesión de los recursos públicos dedicados a la Educación, Sanidad, Cultura, Cuidados a las personas dependientes, prestación al desempleo, investigación, políticas de empleo, etc.