Vídeo: Rueda de prensa #xLoPúblico 16.6.16
Intervienen:
- Pepe Aranda, Secretario de Acción Sindical de la CGT
- Irene de la Cuerda, Secretaria de Acción Sindical de la CGT
- Desiderio Martín, Secretario de Formación y Salud Laboral de la CGT
“Ni obreras explotadas en las fábricas, ni esclavas en el hogar o la familia: ¡Por una sociedad sin amos ni señores, libertaria, de hombres y mujeres libres!” Teresa Claramunt

Intervienen:

Los hechos denunciados por la Asociación de Abogados Cristianos, con sede en Valladolid, se remontan a la celebración del 1º de Mayo de 2014 convocada por la CGT y a la que se sumó la «procesión del Santísimo coño insumiso», en la que las investigadas portaron una imagen de la vulva de una mujer. Anteriormente, y en el marco de las protestas de la CGT contra el despido de una compañera de la empresa DAMAS, esta organización había portado ya otra imagen similar contra la discriminación, que por razón de su sexo, se realizaba contra la trabajadora.


Estamos hablando de derechos básicos, esenciales para vivir dignamente: la Sanidad, la Educación, el Agua, las Energías, las Pensiones, los Cuidados, la Vivienda, los Transportes y las Comunicaciones, la Cultura, las Prestaciones por Desempleo, el cuidado del Medio Ambiente, la Limpieza de las ciudades y la Conservación de sus jardines y parques, las Emergencias, el acceso a la Justicia…

La ley 3/2007 de igualdad, establece entre su articulado, la implantación obligatoria de los planes de igualdad en determinadas empresas (más de 250 personas trabajadoras, sancionadas por la inspección por incumplimiento del principio de igualdad, etc). Desde entonces, la implantación de los planes de igualdad han tenido diferente recorrido. En el mejor de los casos se han implantado convirtiéndose por parte de la empresa en un trámite con escasos resultados prácticos.


Han mercantilizado sin escrúpulos los derechos básicos para la vida de toda la población.
Además, pretenden impedir la protesta social con políticas de represión fascistas (eliminación de las disidencias, en lo laboral, lo sindical y lo social en todas sus expresiones).

De seguir este ritmo, en poco tiempo la Sociedad entrará en suspensión de pagos según reconocen los propios directivos. Cuando se constituyó la sociedad, se nos aseguró que con un plan de destrucción de empleo se garantizaría la viabilidad, pasando de 1700 trabajador@s a 1300 en 2 años, al mismo tiempo que se abandonaban cargas de trabajo por falta de empleados, a favor de las operadoras privadas.

Llevamos 16 meses negociando sin que se haya producido un mínimo avance. Al contrario: el rechazo de la plantilla a los dos preacuerdos de convenio logrados entre la Dirección y los sindicatos CCOO, UGT y SIT ha provocado un endurecimiento de las posiciones de la Dirección de TMB que hacen imposible cualquier avance en Mesa de negociación.
Las principales reivindicaciones de la plantilla, aprobadas en Asamblea General, son:

El citado accidente se produjo al desprenderse una pieza de gran peso de la línea en la que trabajaba, cayéndole encima y ocasionando el trágico desenlace. En estos momentos se está investigando por parte de los Mossos d’Esquadra y la Autoridad Laboral, con el fin de aclarar las causas del accidente y depurar las responsabilidades oportunas.

Para los sindicatos, que han participado en la rueda de prensa que ha tenido lugar durante la mañana del sábado, la condena es injusta y forma parte de la campaña de represión contra activistas sociales y sindicales que se está llevando a cabo para intentar impedir las protestas contra las políticas antisociales y neoliberales que aplican los gobiernos y los aparatos represivos del estado. Una campaña que están sufriendo muchos personas sindicalistas y, en especial, el sindicato SAT, con que tiene 637 sindicalistas procesados a los que piden 435 años de cárcel y 743.000 € en multas.

A los tres miembros de CGT, por medio de los escritos de acusación realizados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular por supuestos delitos de USURPACION y COACCIONES, se les solicitan penas de cinco meses de multa por Usurpación y 18 meses de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y costas por Coacciones.