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Desde el punto de vista sindical y social, el argumento es nítido: los Servicios Públicos son patrimonio de todos y todas, y no pueden regirse por la lógica del beneficio o la rentabilidad económica, sino por el principio de suficiencia y, a la vez, por el principio de eficiencia desde el lado de la gestión, la cual debería ser Autogestión por parte de las personas (usuarias y trabajadoras), con capacidad para incidir en las decisiones acerca de las necesidades que tenemos, al igual que sobre el mejor modelo de servicio público, con

La privatización -la externalización- de los Servicios Públicos (SSPP) por cualesquiera de las modalidades formales-jurídicas, tiene su sustentación política en la modificación del artículo 135 de la CE y posterior Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual embrida a todas las Administraciones del Estado (central, autonómica y municipal), impidiéndoles el endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el Estado Español, además de las políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los pu