“No es seguridad, es represión”: Organizaciones y colectivos sociales exigen la derogación de la ley Mordaza en el Congreso.
Desde la sociedad civil se ha presentado un manifiesto dirigido a varias formaciones políticas (PSOE, SUMAR, BILDU, COMPROMIS, PODEMOS, ERC y BNG) que prometieron derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de “protección de la seguridad ciudadana”.
Ante las puertas del Congreso de los Diputados, representantes de varias organizaciones sociales y sindicales han hecho público un manifiesto conjunto en el que exigen la derogación de la conocida ley Mordaza de 2015 y que actualmente, a pesar de las promesas de derogación de por parte de formaciones que más tarde han llegado al poder y/o lo han sostenido con sus apoyos y estrategias políticas, sigue en vigor, mermando los derechos y libertades básicos de la gente en una supuesta democracia.
En el manifiesto “Hacia la derogación de la ley Mordaza: un compromiso pendiente”, se señala a diferentes formaciones políticas por no cumplir con lo que, en teoría, era una medida “necesaria” y “muy urgente”, y plantean que sean estas fuerzas políticas –incapaces de haber gestionado la no derogación de la ley 4/2015- las que asuman el coste económico de las sanciones, por ejemplo, impuestas a quienes llevan movilizándose contra el genocidio en Palestina-.
Según los datos del Ministerio de Interior del gobierno español, la recaudación que el Estado ha obtenido a lo largo de más de una década, ha ido ascendiendo –especialmente con un repunte en 2024-, gracias a la aplicación de las sanciones contempladas en su articulado. En números, esto se traduce en casi 1.500 millones de euros en concepto de “multas”. Pero además, y como ya se ha dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos años de lucha contra esta ley, el objetivo de la misma es crear un clima de miedo a la protesta, al pensamiento crítico llevado a la acción, dado que esta normativa fue ideada y puesta en marcha para castigar la disidencia y perseguir movilizaciones de cualquier tipo. Y en este sentido, no debemos olvidar el poder que la normativa otorgó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En muchos casos hemos comprobado cómo el agente represor de turno se ha convertido, gracias a esta ley, en “juez y parte”. Igual de importante también, es el hecho de que esta esta ley haya servido para ejercer más presión sobre los colectivos de personas trabajadoras migrantes y racializadas, que han vivido en primera persona situaciones muy duras y desagradables al ser perseguidas, detenidas y señaladas sin razones para ello.
En julio de 2026 se cumplirán 11 años desde la entrada en vigor de la ley Mordaza y desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que viene apoyando estas iniciativas desde el principio de las movilizaciones antirrepresivas de los últimos años, se ha recalcado que leyes como la ley mordaza son una verdadera amenaza para la convivencia y el ejercicio libre de los derechos fundamentales de la gente. Por eso, que esta normativa no haya sido derogada en más de una década desde su nacimiento solo puede deberse a que también las formaciones que más tarde han tocado poder, o se han aliado para hacerlo conjuntamente en momentos puntuales, les ha servido la vigencia de la misma.
Gabinete Prensa Comité Confederal CGT
