La Comunidad de Madrid implicada en múltiples demandas por irregularidades en las baremaciones y contrataciones tras las Oposiciones de Integradoras Sociales en centros docentes.
Su proceso de estabilización culmina con decenas de juicios y citaciones. Afectadas denuncian haber sido víctimas de recortes y precarización de estos empleos públicos. Se realizará una acción de denuncia pública contra las irregularidades con el apoyo de CGT y Co.Bas.
El próximo jueves 19 de marzo, a las 11:10 horas, 443 integradoras sociales están citadas en el Juzgado Nº25, en uno de las decenas de juicios que tendrán lugar contra la Comunidad de Madrid, tras los procesos de estabilización. El colectivo Integradoras en Lucha, formado por integradoras de centros públicos denuncia esta situación. Se trata de un perfil profesional que trabaja con alumnado con necesidades educativas especiales, menores con TEA y Trastornos de Conducta, para quienes su labor es fundamental ya que garantizan su acceso a la educación. Cada juicio supone que nadie les sustituya en su trabajo dejando sin cobertura al alumnado más indefenso por esta mala gestión.
Buscan visibilizar que los procesos de estabilización han estado plagados de irregularidades y han sido utilizados para realizar un ERE encubierto y precarizar sus condiciones laborales. Cientos de profesionales fueron cesadas y las aspirantes enfrentaron un sinfín de problemas: preguntas erróneas, errores en la baremación, certificados incorrectos emitidos por la propia Comunidad de Madrid, y hasta nueve listados de aprobados distintos para enmendar incontables fallos. En las tomas de posesión de las plazas asignadas se les obligó a firmar ceses voluntarios, hechos que también han terminado en los tribunales. Sucesos similares ocurrieron en otras categorías de centros docentes de la región donde los recortes de jornada han sido devastadores con contratos irrisorios de hasta el 19 % de jornada.
Denuncias judiciales que ahora sufren como posibles afectadas las mismas participantes de los procesos. Estos procesos fueron promovidos a raíz de la directiva 20/21 de la UE para reducir la tasa de temporalidad y reparar el abuso y fraude de ley en las contrataciones de interinas/os que las discriminó durante décadas. Las medidas ejecutadas por la Comunidad de Madrid no sólo no han reducido esas tasas sino que han sido utilizadas para precarizar el empleo público. Más de la mitad de los puestos ofertados tras superar una oposición han pasado de jornadas anuales a jornadas con carácter fijo discontinuo lo que convierte a las trabajadoras en desempleadas durante los meses de verano. La Comunidad de Madrid evita pagarles esos meses pese a haber obtenido una plaza pública y seguir realizando el mismo trabajo que venían desempeñando anteriormente, mermando el poder adquisitivo de sus familias. Muchas han pasado de tener centros de trabajo definidos a estar adscritas por zonas, por lo que no saben dónde trabajarán de un curso para otro.
Secretaría de Comunicación Comité Confederal CGT
