Este 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, hace 25 años que Naciones Unidas reconocía la contribución de las personas migrantes a las sociedades de todo el mundo, visibilizando las dificultades y los desafíos a los que se enfrentan y reivindicando la protección de sus derechos. El régimen de fronteras externas e internas que la Europa Fortaleza y el Estado español imponen a millones de personas cada año impide que la migración suceda en condiciones de dignidad y seguridad para las personas.
Dentro de nuestras fronteras, el padrón sigue sin afianzarse como un derecho para todas las personas que vivimos en el Estado español. El bloqueo al padrón bloquea el acceso de las personas migrantes a sus derechos, a la sanidad, a la educación o a la regularización. Negar el empadronamiento es negar la existencia administrativa de miles de personas.
Esta violencia institucional se ve reforzada por la violencia social que generan los discursos de odio, que manipulan la opinión pública en contra de las personas migrantes, y por la violencia policial, que se manifiesta en recurrentes redadas racistas y abusos de poder.
Criminalizar sistemáticamente a las personas racializadas deriva en la deportación de nuestras vecinas y su internamiento en CIE, cárceles racistas donde se siguen vulnerando sus derechos. Denunciamos la privación de libertad en todos los CIE, en Las Palmas, Murcia, Valencia, Barcelona y Madrid, y condenamos la reciente apertura del mayor CIE del Estado en Algeciras, con capacidad para encerrar a más de 500 personas.
Fuera de nuestras fronteras, la represión continúa. Este año, el Gobierno español ha creado dos cárceles para personas extranjeras en Mauritania, con capacidad para encerrar a menores y a bebés lactantes y desde las que organiza el abandono de las personas presas en el desierto del Sáhara, condenándolas a una muerte segura. Somos la Europa responsable de más de diez mil muertes en el Mediterráneo en los últimos dos años y que continúa criminalizando la solidaridad en aguas internacionales.
El viraje europeo hacia las mal llamadas “políticas de seguridad”, con los más de 40 mil millones de euros en gasto militar de España, refleja el estado actual del mundo. Al aumento del gasto por la guerra de Ucrania, se suma el crecimiento histórico del presupuesto de FRONTEX, que, con más de 100 millones de euros, es solo una pequeña partida en los 2.700 millones de euros asignados al control fronterizo. Esta Europa Fortaleza, en lugar de garantizar derechos y proteger la vida, hace más altas las barreras, más lejanas las fronteras y más fuertes los cañones. Así, las personas migrantes, que buscan una vida con más oportunidades o huyen del genocidio y la guerra, como en Palestina, Sudán, Congo o Mali, se encuentran con muerte, abandono y trato indigno.
Destacamos el aporte sustancial a nuestras comunidades de las mujeres migrantes, que atraviesan precariedades y violencias mucho mayores y que afrontan abusos específicos a nivel laboral, institucional y sexual, en su salud y en sus cuerpos. Hoy, mujeres migradas en España, Bélgica, Italia y otros países nos unimos en este grito en solidaridad con todas las personas migrantes porque NINGUNA PERSONA ES ILEGAL.
Secretaría de Acción Social de CGT
