La situación que soportan miles de personas trabajadoras migrantes y/o racializadas en el Estado español exige una respuesta sindical específica, que establezca lazos de solidaridad y apoyo mutuo contra el capital.
En una nueva nota de coyuntura de ‘La Brecha’, elaborada por el Gabinete Socioeconómico de la Confederación General del Trabajo (CGT), se analiza la situación de la clase trabajadora migrante en el Estado español y cómo estas personas están sometidas a un racismo institucional que por un lado les explota y criminaliza, pero por otro les necesita para llevar a cabo aquellas labores que no se pueden externalizar a otros territorios.
En este análisis, CGT se ha centrado en la figura del trabajador migrante de origen magrebí, una categoría que comprendería las nacionalidades de Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Libia y el Sáhara Occidental. En la actualidad, 3 de cada 4 personas asalariadas de origen africano en el Estado español son de origen magrebí. En este sentido, CGT hace alusión a los episodios racistas que se vivieron hace algunos meses en puntos concretos de la geografía española, que son los que más personas migrantes trabajadoras concentran, como Torrepacheco en Murcia.
Los objetivos empresariales, centrados en obtener el mayor beneficio con el menor coste, han llevado a que muchas empresas deslocalicen sus actividades, trasladándose a otras partes del planeta donde las clase trabajadora es explotada y abusada ante la ausencia de leyes y normas laborales que garanticen derechos esenciales. Pero cuando la actividad de una empresa no se puede llevar a ningún otro lugar y la mano de obra es necesaria, es cuando se recurre a la clase trabajadora migrante, a la que se le ofrece sin duda unas condiciones laborales y salariales mucho más indignas y precarias. De este modo, para que estas empresas tengan una importante rentabilidad necesitan ajustar al máximo las condiciones retributivas, y sobre todo limitando la conflictividad laboral y social. Desde CGT, en este análisis, se afirma que “la fuerte concentración de esta población empleada en sectores con bajos salarios y condiciones muy duras revela cómo el racismo se encuentra ligado a la segmentación del mercado de trabajo”. Esto es algo que también se refleja en los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, por la que sabemos que la ganancia media anual de una persona trabajadora de nacionalidad africana es de casi 19.000 euros, mientras que una persona de nacionalidad española supera los 28.000 euros. Son empleos precarios, inestables y donde los derechos laborales se incumplen sistemáticamente. Las personas migrantes que se ganan la vida en estas condiciones no tienen garantizado nada, viven en la incertidumbre constante y con miedo. Es una población con muchas posibilidades de sufrir pobreza y exclusión social, por lo que en muchas ocasiones, ante la necesidad de sobrevivir, estas personas aceptan cualquier tipo de trabajo y en cualquier condición.
Por otro lado, y casi de forma paralela, los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad, alentados por los discursos político de extrema derecha, construyen una imagen de la persona migrante (pobre) a la que acusan de problemas sociales concretos, que están originados precisamente por las condiciones en las que estos seres humanos están obligados a malvivir. Para la organización anarcosindicalista, este aspecto evidencia a la perfección la causa por la que esta población migrante no puede “adaptarse”, y “pagan” –incluso varias generaciones después- querer sobrevivir en un país extranjero.
Por todo ello, desde el Gabinete Socioeconómico de CGT indican la importancia de organizar redes de solidaridad y ayuda mutua como estrategia sindical contra el avance del capital, puesto que ninguna sociedad puede denominarse “democrática” cuando se permite que miles de personas trabajadoras migrantes sobrevivan con condiciones laborales de hace siglos.
Gabinete Prensa Comité Confederal CGT
