En su exposición de motivos lo dejan muy claro…”los PGE para 2018, continúan con la misión de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la U€…”, ”…respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2018-2020, se siguen manteniendo los objetivos del déficit, de tal manera que en el 2020 todas las Administraciones Públicas, salvo la Seguridad Social, alcanzarán el equilibrio presupuestario…”, es decir, a cuenta de un déficit y de una deuda no pública y fijados ambos criterios por Bruselas desde el 2010, el gasto público (pensiones, salarios de personal público, sanidad, educación, dependencia, prestaciones de desempleo, etc.) se va a quedar en el 2021, solamente en el 38,6% del PIB, lo cual supone el nivel más bajo en 12 años de “crisis-estafa” y nuestra diferencia en el capítulo del gasto público respecto a la U€, se coloca en casi 7 puntos.
Cumplir con la U€, como se viene haciendo desde el 2010 y la culminación de la reforma del artículo 135 CE en el 2011, ha implicado efectos muy negativos sobre los derechos esenciales de las personas: “el gasto en sanidad es aproximadamente inferior en 9.600 millones de euros al que existía antes de los recortes. En vivienda, 8.000 millones inferior; en educación, 7.400 millones; en prestaciones por desempleo 7.200 millones; en cultura 5.700 millones, en familia e infancia, 2.700 millones, etc.”
El Estado Español, dedica casi 50.000 millones de € menos a la protección social, que lo que aportan y se gastan la media de los países de la U€ y, esto solo es debido a la acción política de los distintos gobiernos.
Las políticas económicas, fiscales, laborales y sociales de unos y otros gobiernos se han hecho a la medida del capital, tanto el financiero-especulativo, como el industrial y de servicios, logrando un reparto tan desigual de la riqueza, que hasta los mismos organismo internacionales (OCDE, Comisión Europea), hacen llamadas de atención sobre los “despropósitos, robos y desposesión” que se han producido sobre salarios, pensiones, y prestaciones sociales como desempleo, a la vez que un gran incremento del gasto para la mayoría social, al tener que abonar pagos en las “medicinas”, dedicar dineros “que no se tienen” a la educación, a la dependencia, etc.
Han instaurado un estado permanente de injusticia social, donde los privilegios y el “robo legal” (más allá de la corrupción) de una minoría, conforma un orden social autoritario y carente de libertad para la mayoría: el sistema fiscal es soportado hasta en un 72% por las rentas provenientes del trabajo. Los beneficios empresariales con tasas superiores de incremento a las mejores de los años del “ladrillo y la especulación”, en cambio aportan menos de la mitad en impuestos a la Hacienda Pública, que lo que aportaban en el 2010. Las grandes corporaciones industriales, de comunicación, de energía, aportan a la Hacienda Pública, ni tan siquiera el 7% de las decenas de miles de millones de beneficios declarados en el 2017.
Y esta situación, se ha hecho en nombre del déficit y de la deuda, por cualesquiera de los gobiernos existentes desde el 2008; y el PSOE, conjuntamente con quienes le llevaron al poder, esta convencido de continuar con idénticas políticas fiscales y económicas: lo importante es cumplir con “Europa”, lo de la derogación de las reformas laborales; la derogación inmediata de la ley mordaza y la amnistía social para todas las personas encausadas y/o encarceladas por luchar por los derechos sociales y laborales; la reforma drástica del Impuesto de Sociedades y de Capitales; el blindaje del sistema de pensiones públicas suficientes para todos y todas; la creación de escuelas infantiles públicas suficientes para toda la infancia de 0 a 3 años; la dotación presupuestaria a niveles de dignidad de la ley de dependencia y la creación de una red pública, dotada de recursos humanos, personas cualificadas y suficientes, para cuidar y atender a todas nuestras personas mayores dependientes; etc.., eso tiene que esperar.
CGT se sigue reafirmando en esa voz colectiva que emerge cuando las personas toman la calle: “Gobierne quien gobierne, los Derechos se defienden” y, para poder recuperar los Derechos robados, el único camino es la lucha. En ello estamos.

En su exposición de motivos lo dejan muy claro…”los PGE para 2018, continúan con la misión de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la U€…”, ”…respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2018-2020, se siguen manteniendo los objetivos del déficit, de tal manera que en el 2020 todas las Administraciones Públicas, salvo la Seguridad Social, alcanzarán el equilibrio presupuestario…”, es decir, a cuenta de un déficit y de una deuda no pública y fijados ambos criterios por Bruselas desde el 2010, el gasto público (pensiones, salarios de personal público, sanidad, educación, dependencia, prestaciones de desempleo, etc.) se va a quedar en el 2021, solamente en el 38,6% del PIB, lo cual supone el nivel más bajo en 12 años de “crisis-estafa” y nuestra diferencia en el capítulo del gasto público respecto a la U€, se coloca en casi 7 puntos.

Cumplir con la U€, como se viene haciendo desde el 2010 y la culminación de la reforma del artículo 135 CE en el 2011, ha implicado efectos muy negativos sobre los derechos esenciales de las personas: “el gasto en sanidad es aproximadamente inferior en 9.600 millones de euros al que existía antes de los recortes. En vivienda, 8.000 millones inferior; en educación, 7.400 millones; en prestaciones por desempleo 7.200 millones; en cultura 5.700 millones, en familia e infancia, 2.700 millones, etc.”

El Estado Español, dedica casi 50.000 millones de € menos a la protección social, que lo que aportan y se gastan la media de los países de la U€ y, esto solo es debido a la acción política de los distintos gobiernos.

Las políticas económicas, fiscales, laborales y sociales de unos y otros gobiernos se han hecho a la medida del capital, tanto el financiero-especulativo, como el industrial y de servicios, logrando un reparto tan desigual de la riqueza, que hasta los mismos organismo internacionales (OCDE, Comisión Europea), hacen llamadas de atención sobre los “despropósitos, robos y desposesión” que se han producido sobre salarios, pensiones, y prestaciones sociales como desempleo, a la vez que un gran incremento del gasto para la mayoría social, al tener que abonar pagos en las “medicinas”, dedicar dineros “que no se tienen” a la educación, a la dependencia, etc.

 Han instaurado un estado permanente de injusticia social, donde los privilegios y el “robo legal” (más allá de la corrupción) de una minoría, conforma un orden social autoritario y carente de libertad para la mayoría: el sistema fiscal es soportado hasta en un 72% por las rentas provenientes del trabajo. Los beneficios empresariales con tasas superiores de incremento a las mejores de los años del “ladrillo y la especulación”, en cambio aportan menos de la mitad en impuestos a la Hacienda Pública, que lo que aportaban en el 2010. Las grandes corporaciones industriales, de comunicación, de energía, aportan a la Hacienda Pública, ni tan siquiera el 7% de las decenas de miles de millones de beneficios declarados en el 2017.

 Y esta situación, se ha hecho en nombre del déficit y de la deuda, por cualesquiera de los gobiernos existentes desde el 2008; y el PSOE, conjuntamente con quienes le llevaron al poder, esta convencido de continuar con idénticas políticas fiscales y económicas: lo importante es cumplir con “Europa”, lo de la derogación de las reformas laborales; la derogación inmediata de la ley mordaza y la amnistía social para todas las personas encausadas y/o encarceladas por luchar por los derechos sociales y laborales; la reforma drástica del Impuesto de Sociedades y de Capitales; el blindaje del sistema de pensiones públicas suficientes para todos y todas; la creación de escuelas infantiles públicas suficientes para toda la infancia de 0 a 3 años; la dotación presupuestaria a niveles de dignidad de la ley de dependencia y la creación de una red pública, dotada de recursos humanos, personas cualificadas y suficientes, para cuidar y atender a todas nuestras personas mayores dependientes; etc.., eso tiene que esperar.

 CGT se sigue reafirmando en esa voz colectiva que emerge cuando las personas toman la calle: “Gobierne quien gobierne, los Derechos se defienden” y, para poder recuperar los Derechos robados, el único camino es la lucha. En ello estamos.